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COMUNICADO DEL IJHF EN REFERENCIA AL NOMBRAMIENTO DE LA JURISTA FLAVIA PIOVESAN COMO SECRETARIA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO ILEGÍTIMO DE BRASIL.

En atención y solidaridad a lo que ocurre en Brasil y en otros países de Latinoamérica, el Instituto Joaquín Herrera Flores, entidad creada para potenciar a nivel local, nacional e internacional una cultura de denuncia, garantía, promoción y cooperación al desarrollo en el ámbito de los Derechos Humanos desde una perspectiva crítica, material, interdisciplinar e integral, lamenta conocer la decisión de una de sus más antiguas colaboradoras, la jurista Flávia Piovesan, al aceptar el cargo de Secretaria Nacional de Derechos Humanos de Brasil del gobierno interino durante el periodo de procesamiento del juicio político en contra de la Presidenta Dilma Rousseff.
El IJHF denuncia lo que reconoce como un movimiento de quiebre institucional y democrático los acontecimientos políticos ocurridos en Brasil, con consecuencias irreparables para los derechos sociales y económicos de las poblaciones vulnerables.
Específicamente en Brasil el quiebre evidencia un nuevo tipo de golpe de Estado con características complejas que incluyen, además del parlamento, la legitimación por el poder judicial y los poderes de las familias mediáticas, que exigen de los defensores de la democracia un gran esfuerzo de resistencia y de lucha para visibilizar los hechos de destrucción de la democracia.
En ese sentido, la participación de relevantes y calificados cuadros académicos en comisiones de gobierno, aportando su reputada biografía y prestando su persona para el saneamiento del rasgo misógino y discriminatorio del gobierno interino, no solamente colabora con el quiebre democrático, legitimando un gobierno que en poco más de una semana ha vulnerado conquistas históricas y solidas de los movimientos sociales en materia de derechos sociales.
Por tanto, el IJHF se ve en la obligación de posicionarse en contra de estos procesos de golpes de Estado de facto, no reconociendo gobiernos ilegítimos que no hayan emanado de la voluntad popular, así como de la decisión de aquellas personas e instituciones que legitiman de alguna manera el quiebre institucional y democrático que supone en la práctica la violación de los Derechos Humanos.
Sevilla, 20 de mayo del 2016